Cuando se analizan las leyes que ordenan jurídicamente a un estado bajo diversos gobiernos, es posible encontrar en ellas los propósitos de su política general. En la ley que estableció el Sistema General de Seguridad Social o ley 100 de 1993, se puede leer su contenido explícito que, acudiendo a términos tales como los principios de universalidad, integralidad, oportunidad, etc., pretenden caracterizarla pero no son otra cosa que distractores de su contenido implícito cual es la estructuración de un conjunto de procesos determinados en función del crecimiento del capital financiero, verdadero objetivo final del sistema. No son en realidad las necesidades de atención médica de la población, ni de solución de problemas de salud por causas generales, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, ni mucho menos la garantía pensional a quienes cumplieron su ciclo de vida dedicado al trabajo, el fin último de toda esa estructura creada hace ya 13 años. Estas son, mas bien, la disculpa, por no decir el engaño, para presentar de una manera socialmente aceptable una nueva forma de expansión de ese capital.
¡Qué objetivos mas loables que la prevención de la enfermedad, la recuperación de la salud y la preservación de la vida de las gentes social y económicamente vulnerables para ellas respaldar!
Sin embargo, el fracaso en el logro de un sistema integral, universal y equitativo al lado del éxito en el crecimiento financiero de las aseguradoras privadas y la destrucción paulatina de las entidades públicas, potenciales reguladoras del mercado, demuestran que los contenidos implícitos son las verdaderas razones de ser del SGSSS colombiano. Y cuando una ley de salud y seguridad social se diseña en función del capital financiero y no en función de la salud y la seguridad social, supedita todo el sistema al cumplimiento de dicho propósito, de tal manera que el funcionamiento de todos sus integrantes y actividades debe ser eficiente en ese sentido.
Desde una perspectiva económica, entendiendo la economía como una “ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, y que analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos”, las finanzas son el soporte económico que permite el desarrollo de esas actividades productivas, en términos generales, incluyendo la creación de conocimiento mediante la investigación científica.
Por otra parte, desde una perspectiva de empresa lucrativa cuyo fin no es la generación o ampliación del conocimiento ni la satisfacción de necesidades de otros, “las finanzas corporativas se centran de forma que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. Siendo el objetivo de las finanzas el de maximizar el valor o la riqueza para los accionistas o propietarios, una cuestión central es poder medir si una decisión aumenta o disminuye ese valor”. Así, las estructuras se diseñan de tal manera que garanticen el crecimiento financiero y se acude a la política general de contención de gastos.
La absolutización de la visión financista genera en quienes cuidan de esos capitales una mentalidad inmediatista, miope, que no les permite mirar mas allá del centavo ganado a como dé lugar. Y puesto que el capital financiero tiene su origen en la acumulación de capitales amasados a partir de la producción industrial, estas gentes creyeron ser muy inteligentes asimilando los procesos de atención médica y de salud pública a los procesos de producción industrial, cosificando al enfermo y convirtiendo a los médicos y demás profesionales de la salud en operarios. De allí surgen los cálculos de los tiempos de consulta, del cambio de los diagnósticos clínicos por los códigos de enfermedades diseñados por las compañías aseguradoras, de la utilización indebida de los rubros financieros destinados a promoción y prevención, de la selección adversa rechazando a personas enfermas y viejas, de la demora en el flujo de pago a los prestadores, sin haber previsto que el problema del desempleo sigue azotando a Colombia y la población crece en cantidad y en edad, con lo cual la posibilidad de ganancia lucrativa se disminuye día a día, pero nos pretenden hacer creer que es imposible avanzar en la solución de los problemas de salud de la població, pues el sistema se “revienta”.
Dentro de esa lógica es comprensible, entonces, que sea factible prescindir del conocimiento profesional y supeditar la actividad de los profesionales al cumplimiento de metas similares a las de productividad industrial, con incentivos monetarios cuando se colabora en la política de contención de gastos, así esto vaya en detrimento de las necesidades de la salud de la gente. Es igualmente comprensible que el sistema, en lugar de homologar un plan de salud para toda la población, lo fraccione de acuerdo con la capacidad de pago de cada quien. Y es lógico también, que se utilice a la salud como instrumento o, mejor, mercancía para acrecentar la riqueza de los aseguradores.
Oímos hablar erróneamente del mercado de la salud cuando en realidad se trata del mercado de capitales puesto que los aseguradores pugnan entre sí por la mayor captación de asegurados que se miden por el valor en dinero de la UPC.
Son estas premisas las que nos llevan a concluir que este sistema debe ser depuesto por otro que cumpla realmente con la función social de ofrecer salud y protección a la población y no concentrar capitales en manos de unos pocos. Y ese nuevo sistema, para cumplir con esos objetivos, debe sostenerse en el conocimiento.
El conocimiento es el resultado de procesos cuyo objetivo es llegar a la verdad de las cosas, entenderla y, por lo tanto, comprender el mundo. Así, el conocimiento permite la realización de acciones correctas. Es cierto que cada persona elabora sus propios procesos cognitivos; sin embargo, la construcción del conocimiento es un desarrollo social puesto que en ella interactúan sinnúmero de eventos y saberes procedentes de diferentes individuos y grupos sociales, para ser utilizado luego en su beneficio, determinando así que el conocimiento sea patrimonio no sólo de quienes lo construyen, sino de aquellos sobre quienes actúa o beneficia.
El desarrollo social, de la mano con el desarrollo del conocimiento, ha conducido a una mejor comprensión del mundo y capacitado al ser humano para intervenir sobre la naturaleza, el individuo y la sociedad, para lo cual se han ido haciendo complejos y especializados el pensamiento, el conocimiento mismo y las actividades humanas.
Puede decirse genéricamente que en toda sociedad hay grupos dominantes, dominados y minorías, como consecuencia de relaciones de poder, logrado gracias a la riqueza económica, a la posesión del conocimiento y a la capacidad de su uso. Los grupos sociales dominantes privilegian el avance del conocimiento ya sea técnico, científico, tecnológico, o todos ellos, según sea su grado de desarrollo económico, para lo cual sus políticas establecen metas específicas concordantes con sus objetivos de crecimiento y expansión. De esta manera, las sociedades industriales privilegian los tres tipos de conocimiento, con énfasis en el conocimiento científico, que es descubridor, y el tecnológico que es innovador y busca y encuentra la aplicación útil de esos descubrimientos.
Mientras tanto, las sociedades no desarrolladas industrialmente escasamente acceden al conocimiento técnico y desarrollan alguna capacidad innovadora ya sea generándolo o reproduciéndolo o, en el mejor de los casos, se topan con la posibilidad de atisbar al conocimiento técnico-científico y transmitir a sus profesionales en formación el conocimiento adquirido a través de la información de experiencias de otros lares. Así las cosas, este tipo de sociedades no tendrán probabilidades de avanzar y romper la brecha tecnológica, pues sin investigación científica no hay posibilidad de incursionar en la creación e innovación de tecnología. Gracias a ello los grupos sociales dominantes que así funcionan en los países económica y políticamente dependientes serán, también, siempre dependientes tecnológica, científica y económicamente.
Por otra parte, los grupos sociales dominados y las minorías, tienen un distintivo local de su región o regiones y poseen, entre otros, un conocimiento propio, producto de su relación con el medio en que viven; crean perspectivas de vida autóctonas con conceptos originales del mundo y de su desarrollo social; este conocimiento hace parte de las tradiciones y es sustrato fundamental para la construcción cultural; se lo llama también conocimiento vernáculo y de él echa mano el arte. Pero, además, poseen un conocimiento científico y técnico limitado a sus necesidades y expectativas sociales y económicas. De toda la gama de tipos de conocimiento propio de dichos grupos sociales también echan mano los grupos económicamente poderosos con el objeto de extraer lo que es reproducible, útil y comercializable para luego patentarlo y convertirlo en propiedad intelectual o, mejor, en apropiación pirata del conocimiento vernáculo.
Las formas de conocimiento y su aplicación, es decir la praxis, deviene en las profesiones, lo cual quiere decir que estas, al ser hijas del conocimiento, existen gracias a él y para él, teniendo como razón de ser el cumplir una función social, configurándose así una ética para cada actividad profesional. Estos elementos determinan la autonomía y la capacidad autorregulatoria de las profesiones y, puesto que el conocimiento puede ser ilimitado, sus funciones también lo son.
Lo anterior diferencia claramente a las profesiones de otro tipo de actividades sociales: los oficios o labores. Estos, a diferencia de las profesiones, no se fundamentan en el conocimiento sino en el hacer. Es decir, para ejecutar un oficio no es necesario saber porqué algo funciona sino cómo funciona, hacer que funcione y evitar que deje de funcionar. No es necesario crear y recrear; no hay que pensar en abstractos niveles conceptuales de física, química, dinámica, matemática u otra ciencia. No. Es suficiente cuidar la acción, el instrumento que opera o interviene, prevenir daños o accidentes y seguir juiciosamente las órdenes o instrucciones de jefes o capataces.
En los oficios es imprescindible conocer muy exactamente las habilidades de los oficiantes para determinar de la mejor manera posible sus competencias.
Y, a propósito, es sorprendente encontrar iniciativas legislativas que no diferencien o, mejor, confunden (¿por ignorancia o por conveniencia?) el concepto de profesión con el de oficio, como lo demuestra el Proyecto de Ley de Talento humano en salud, que en uno de sus artículos dice a la letra:
"Competencia: Es una actuación idónea que emerge en una tarea concreta (léase oficio), en un contexto determinado. Esta actuación se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que se expresan en el saber, el hacer y el saber-hacer”. (Subrayado por el autor de este escrito)
Al respecto, podría decirse que una actividad que “emerge en una tarea concreta” y, además, “en un contexto determinado” sólo requiere del pensamiento concreto, ingrediente suficiente para desempeñar competencias concretas; quien la ejecuta no necesita hacer abstracciones y mucho menos conceptualizar.
Por su parte, las aptitudes son propias de cada individuo y, por lo tanto, varían de persona a persona en los grupos sociales, mientras que las actitudes son consecuencia de la relación del individuo con su entorno. Por esta razón no hay coherencia entre estos elementos, a los que disparatadamente recurre el consabido proyecto de ley (ver subrayado del párrafo del PL de Recursos Humanos, transcrito arriba), con el saber sino con el poder-hacer. Por otra parte, el saber-hacer lo otorgan el aprendizaje, el adiestramiento, la experiencia y la destreza adquirida con esta.
Distintos son los procesos mentales que, partiendo de situaciones concretas requieren de la abstracción y conceptualización, actividades abstractas, nada concretas ni limitadas a un contexto determinado (pues entre mas amplio y profundo sea el contexto, mayor la posibilidad de conocimiento) y absolutamente indispensables para el diseño y planificación (no la simple ejecución) de acciones concretas que requieren del conocimiento, el discernimiento, el juicio y la praxis. Este tipo de proceso es el que, a diferencia de los oficios, desarrollan las profesiones.
Es decir, el conocimiento de un país está contenido y expresado en sus profesionales y las profesiones respectivamente. El grado de desarrollo y capacidad de generación, reproducción, transmisión, ampliación e innovación de ese conocimiento es la garantía para el crecimiento socio-económico y cultural autónomo de los países y sus pueblos. Debe ser, por lo tanto, patrimonio democrático de las naciones.
La categoría “recurso humano” corresponde a una denominación de la economía de mercado, en la cual la fuerza de trabajo intelectual y físico es recurso que debe estar disponible en suficiente cantidad para regular los precios asignados a cada actividad en el mercado laboral. Por esta razón quienes trabajamos en las diferentes disciplinas de la salud debemos oponer a tal denominación la de “fuerza laboral profesional, tecnológica y técnica”, con lo cual defendemos no solo las profesiones sino el conocimiento contenido en las mismas, el cual es patrimonio económico, social y cultural del país.
Si entra a regir, la consabida ley será la sacralización jurídica de la desprofesionalización de la medicina y demás ciencias de la salud. Las iniciativas gubernamentales o legislativas que busquen reemplazar las profesiones por oficios no significan otra cosa que el objetivo de impedir a la sociedad que madure y avance hacia su propia autonomía para, en lugar de ello, generar dependencia de alguien que diga qué hacer, cómo, cuando y donde; su sanción aprobatoria significaría sentar las bases para establecer relaciones desiguales entre países generadores de conocimiento y países transmisores de conocimiento y consumidores de productos importados pero creados por ese conocimiento que transmiten; para mantener la actividad económica restringida a la exportación de materias primas que serán transformadas por ese conocimiento; para obligar al endeudamiento crónico del país que funcione con tales leyes y, lo que es peor y toma visos trágicos, para formar cerebros pletóricos de conocimiento, a unos costos económicos y sociales enormes, que serán luego exportados a países económicamente poderosos, que los aprovechen para su propio beneficio y, de paso, les den la opción de unas mejores condiciones de vida y reconocimiento científico y social. Esas iniciativas no son otra cosa que la manera de conducir a la pérdida del patrimonio intelectual y científico de la sociedad colombiana.
Finalmente y en conexión con lo anterior, es imprescindible preguntarnos cuantas vidas humanas le ha costado a Colombia la ley 100. Una ley que oficializa la división de nuestra sociedad en clases, lo cual se expresa en los planes diferenciales de salud según la capacidad de compra o la condición de pobreza de sus beneficiarios y se da el lujo de privilegiar los designios administrativos en pro del crecimiento del capital financiero destinado al sistema y en contra de la calidad y oportunidad de los servicios y la atención de su población dados por el conocimiento profesional. Una ley cuyo diseño abre las puertas a la corrupción y a la selección adversa o, mejor, perversa para no atender a los enfermos, una ley que con ese proceder genera los paseos de la muerte. ¿No corresponderá esto, acaso, a una política de genocidio programado y solapado?
SERGIO ISAZA VILLA, M. D. – PED.
Presidente - FEDERACION MEDICA COLOMBIANA